El pago de las utilidades 2025 es un derecho establecido en la Constitución. Te explicamos lo que debes saber al respecto. 

Las utilidades son un beneficio económico que las empresas privadas deben distribuir entre sus trabajadores, según lo establecido en la Constitución Política del Perú y regulado por el Decreto Legislativo N° 892. Este derecho aplica a las empresas que generan rentas de tercera categoría, cuentan con más de 20 empleados y han obtenido ganancias durante el ejercicio fiscal correspondiente.

No todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. Se excluyen de esta norma las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y aquellas que no superan los 20 trabajadores. El porcentaje a distribuir varía según el sector económico; por ejemplo, las compañías pesqueras, de telecomunicaciones e industriales deben destinar el 10% de su renta neta a este reparto.

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¿Hasta cuando deben depositar las utilidades 2025? 

El pago de utilidades se considera un beneficio laboral y se realiza anualmente, generalmente entre marzo y mayo. Durante este periodo, las empresas tienen un plazo máximo de 30 días para cumplir con la distribución correspondiente entre sus trabajadores.

(Foto: Andina Noticias)

El desembolso se efectúa una vez que la empresa ha presentado la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, cuyo vencimiento varía según el cronograma de la entidad. No obstante, las compañías pueden optar por realizar el pago de utilidades antes del plazo establecido si así lo consideran conveniente.

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¿Cuáles son las sanciones por no pagar utilidades 2025?

Si la empresa no deposita las utilidades dentro del plazo establecido, no se generarán intereses de manera automática. Sin embargo, en caso de que un trabajador presente un reclamo, puede denunciar la situación ante Sunafil, ya que el incumplimiento en el pago de utilidades es considerado una infracción grave.

Si la entidad pública verifica la falta por parte de la empresa, se aplicará una sanción económica. Las multas pueden oscilar entre S/ 8,085.5 y S/ 133,900, dependiendo del número de trabajadores perjudicados por la omisión en el pago.